En 2007, la empresa canadiense Golden Peaks se encontraba realizando tareas de exploración en un campo privado, en el departamento de Loncopué. Los pobladores rurales cercanos a la zona de exploración comenzaron a preocuparse por la apertura de picadas, luces en la noche y sonidos en la zona, y alertaron a la Parroquia de Loncopué.

A raíz de este aviso, el cura párroco pide explicaciones a las autoridades gubernamentales, durante un acto en la localidad de Loncopué, en el cual se encontraban autoridades locales y provinciales. Los vecinos  interesados en el tema comenzaron a encontrarse y a reunir información sobre las implicancias de la minería metalífera.

Por su parte, los representantes de la minera Golden Peaks se acercaron a las reuniones de vecinos, y mostraron la licencia ambiental, que había sido  otorgada por la Dirección Provincial de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ante ello, los vecinos autoconvocados descubrieron que esta licencia se había otorgado sin la realización de audiencia  pública, la cual es parte del procedimiento de evaluación de impacto ambiental (según lo establece la legislación ambiental nacional y provincial), por lo que decidieron presentar un Recurso de amparo contra la provincia de Neuquén. En este amparo también se incluyó el cuestionamiento a que no hubieran sido consultadas las comunidades mapuche de la zona de influencia del proyecto minero. Este Recurso de amparo tuvo fallo favorable de la Justicia, basado en que la omisión de la audiencia pública cercenaba el derecho a la participación ciudadana, y que este derecho está íntimamente ligado al derecho ambiental.

La superficie a explorar es de aproximadamente 96 hectáreas, dentro de las cuales el proponente seleccionó 3 zonas para la construcción de plataformas desde donde se dirigirán 6 perforaciones de 200 metros cada una aproximadamente, quedando como alternativa una cuarta plataforma. Estas tendrán una superficie de 150 m2.