[Spanish version: see English version below] En 1998, Pan American Silver compró la mina La Colorada, la cual opera desde 2004[1]. Cuando empezó con la expansión de la mina en 2014,[2] apoyada por el Gobierno de Zacatecas,[3] la empresa se apoderó del territorio, los bienes naturales y la vida de las y los pobladores de la comunidad de nombre La Colorada. Este proceso ha generado despojo y desplazamiento forzado,[4] al quitarles a las familias de sus casas, terrenos, trabajo y salud, además de violar sistemáticamente sus derechos.

Pobladores de la comunidad recuerdan que, en el año 2014, la empresa hizo una reunión con ellos para decirles que estaban en terrenos de la mina y que tenían que desocupar las viviendas que según la empresa le pertenecían, alegando que la comunidad existía a raíz de la minería[5]. Sin embargo, desde 1982, los pobladores habían solicitado formalizar su comunidad como núcleo agrario, petición que nunca fue resuelto por las autoridades federales[6].

Además, las familias ya hacían el usufructo de las tierras y el territorio[7] tal como lo demuestra el documento expedido por la Presidencia Municipal de Chalchihuites en el 2016, en el cual se reconoció la existencia de la comunidad La Colorada a patrir de un certificado de posesión que determina prevalece desde hace por lo menos 90 años.[8] Según la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), ante la problemática que enfrentan con la empresa minera, en 2016 los pobladores iniciaron un juicio ante el Tribunal Agrario de Zacatecas para exigir su reconocimiento como propietarios legítimos de sus terrenos.[4]

Durante dos años, las familias denunciaron haber sido acosadas y amenazadas por parte de directivos de la empresa [7], incluyendo cómo los trabajadores fuerons electivamente despedidos.[6] En el año 2015, las y los habitantes recuerdan haber sido llamados a una reunión con el Gobierno del Estado, siendo presionados y hostigados para firmar una minuta que favorecía a la empresa. Agregan cómo el Gobierno del Estado de Zacatecas del entonces gobernador Miguel Alonso Reyes, se deslindaba de su seguridad porque “ya estaban advertidos”.[5] Comentan que días después de esa reunión, les llegó una notificación de la empresa diciendo que tenían 7 días para salirse del terreno y trasladarse al complejo habitacional.

Ante esta situación, en enero de 2017, 46 familias o alrededor de 230 personas fueron desplazadas a la fuerza [4], obligadas por elementos armados de seguridad privada que la empresa contrató para el operativo para “cambiarlos” de residencia a las viviendas hechas por la empresa, ante la destrucción total o parcial de sus viviendas anteriores. En ese mismo año, pobladores mencionan que la empresa despidió y liquidó a todos los trabajadores de la mina La Colorada que vivían en la comunidad La Colorada[5]. CMDPDH informa que dos familiares de Felicitas Guerrero Pasillas fallecieron como resultado del despojo.[4]

El grupo de 46 familias nacidas en la comunidad han decidido quedarse en su tierra y mantener una resistencia con el objetivo de luchar para recuperarlas , y desde mayo 2016 formaron el “Comité de la Población de La Colorada”.

La denominada “Unidad Habitacional Mina La Colorada”, a la cual fueron desplazadas las familias, se compone de 96 casas armables de lámina que Pan American Silver les dio en comodato a los trabajadores de la mina, [7] tanto a foráneos como a habitantes originarios de la comunidad. Entre el complejo habitacional y la entrada a la mina existen menos de 200 metros, y los divide una reja metálica que rodea a toda la comunidad, como si fuera un gueto. El complejo consta de viviendas, distribuidas en 5 niveles, un prescolar, una escuela primaria y una iglesia.[5]

Antes de su desplazamiento, en la comunidad original de La Colorada, tenían lo mencionado y además una clínica, un salón de eventos, una comandancia policial y oficina del delegado municipal.[5] También tuvieron una escuela primaria, un campo de fútbol y otro de beisbol.[6] Adicionalmente, las familias tenían su solar (espacio para su vivienda) y no solo vivían de la minería, sino tenían un pedazo de tierra para sembrar y la libertad para que sus animales pastaranen el campo [3, 7].  Desde la expansión de la mina en los últimos años eso se acabó; los despojó de la tierra, los expulsó de su comunidad, la destruyó por completo y expandió la mina en su lugar.

Para el año 2018, a las familias de trabajadores foráneos que vivían en el complejo se rumora entre los habitantes de la comunidad que les dieron dinero para que dejaran las instalaciones, con lo cual alrededor de 14 familias fueron extraídas de la vivienda.[9] Como resultado, hasta el momento son dos los desplazamientos que ha atravesado la comunidad: el primero ocurrió en el 2016, cuando sacaron a la población por la fuerza para trasladarles a las casas de la empresa, y el segundo en el 2018, cuando las familias foráneas se fueran. La mayoría de las personas desplazadas se localizan en el perímetro de Chalchihuites, Jiménez del Teul y Sombrerete.[5]

Las actuales condiciones de vida de las familias que se encuentran en resistencia y que son nacidas en la comunidad La Colorada son sofocantes. Pobladores dicen que se sienten que la empresa les mantiene en condiciones desesperantes con el objetivo de que poco a poco las familias se cansen de reclamar los derechos que les han sido violados y se desplacen completamente del lugar. El ruido de las máquinas, de los respiraderos de la mina que se ubican a no más de 150 metros de las viviendas, y el perímetro iluminado por lámparas las 24 horas del día, resulta una tortura que perjudica gravemente la salud ya que el cuerpo nunca descansa.[5] Además, dado la cercanía de la población a los gases que se emiten de la ventilación de la mina, hay mucha preocupación en la población sobre los impactos que puede tener en su salud, quienes han mostrado problemas en la piel y casos de cáncer,[14] el más reciente detectado en una niña de cuatro años.[5]

Las familias se encuentran en una situación extrema de control social por la empresa Pan American Silver [15]. El complejo tiene sólo un acceso en donde se mantuvo por un largo periodo una empresa de seguridad privada quienes les vigilaban las 24 horas del día generando muchas dificultades para que personas ajenas (amigos, familiares, otros) les visitaran.[5] Además, en repetidas ocasiones el suministro de agua fue cortado como una aparente estrategia para hacer inviable la vida en la comunidad. Frente a esto, en el año 2017, personas de Chalchihuites quisieron llevar una pipa de agua a la comunidad de La Colorada que tenía un mes sin agua. La guardia privada les negó el acceso, negándoles el acceso al vital líquido poniendo en riesgo la vida de niños, niñas, mujeres y hombres de diversas edades entre ellos personas de la tercera edad [5] vulnerando por lo menos el derecho humano al agua.

Además, tanto el reglamento de uso de la iglesia [10] como el reglamento de convivencia de la comunidad [11], fueron hechos por la empresa. Según una copia del reglamento de convivencia, si los habitantes del complejo tienen una fiesta, no puede ser fuera de su casa y no pueden hacer ruido después de las 22h59 de la noche, lo cual contrasta de forma tajante con el ruido permanente ocasionado por la operación minera. Tampoco pueden tener mascotas, salvo que sean pequeños perros, gatos o peces[11]. Además, no sólo las casas son propiedad de la empresa, dentro de ellas todo es de la empresa: sillas, mesa, estufa, camas y sala, y cada rayón a un mueble se cobra en 300 pesos mexicanos.[5]

Dentro de las situaciones más graves se encuentra que no se permiten animales de consumo en el complejo habitacional, situación que deja sin una fuente importante de alimentación y de sustento a las familias, ya que anteriormente, todas las familias tenían animales como borregas, gallinas, cochinos, vacas y de ahí complementaban el sustento para su vida.[14] Después de ser desplazados, tuvieron que vender sus animales o dejarlos libres o encargarlos en los ranchos cercanos. Esta situación viola los derechos a la alimentación, a la vivienda digna, y a un trabajo, entre otros que rodean la actuación de la empresa. Además, debido a estas condiciones sofocantes, las familias se encuentran divididas para subsistir.[5] Los hombres jóvenes y viejos tuvieron que salir a buscar trabajo en otro lugar, y acuden cada mes o más tiempo a La Colorada para estar con sus madres, padres, esposas, hijas e hijos de vez en vez, cuando se les extraña demasiado.[5]   

Ante esta situación, la población resiste a su desplazamiento con el grito: “Aquí nacimos y aquínos vamos a morir”[7]luchan diariamente en condiciones degradantes y asimétricas. Por su parte,la empresa considere que dichas condiciones son “desarrollo” para la comunidad. En palabras de Ross J. Beaty, Jefe de la Junta Directiva de la empresa Pan American Silver, durante la ceremonia de inauguración de la ampliación del proyecto minero en enero de 2017: “Juntos, autoridades y empresa, contribuimos al desarrollo de las comunidades donde trabajan las minas, porque para nosotros las localidades y los trabajadores son nuestros socios y crecemos juntos”[12], afirmación que en los hechos es una burla ante el tremendo dolor que sufre la comunidad.

Actualmente el Comité de la Población de La Colorada se mantiene luchando por la vía jurídica para la restitución de las tierras que la empresa les arrebató, además de tener varias quejas interpuestas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El caso de La Colorada también se encuentra en revisión por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes ya han enviado en repetidas ocasiones a los relatores para documentar el caso.[13]

[English version] 

In 1998, Pan American Silver bought the La Colorada mine and began operations in 2004 [1]. When the company began expanding the mine in 2014 [2], with support from Zacatecas state authorities [3], the company took control of the territory, natural commons and lives of local residents of the community, also called La Colorada. This process led to dispossession and forced displacement [4], denying families their homes, lands, work, and health, systematically violating their rights.

Members of the community recall that, in 2014, the company held a meeting with them to tell them that they were on company lands and that they would have to abandon their homes that the company claimed as its own, alleging that the community only existed thanks to mining [5]. However, in 1982, local residents requested that their community be recognized under agrarian law, although federal authorities never resolved their request [6].

Also, the families have rights to the land as indicated in a document issued by the Municipality of Chalchihuites in 2016 [7 ], which recognizes the existence of the community of La Colorada on the basis of land possession certificates dating back more than 90 years [8]. According to the Mexican Commission in Defense and Promotion of Human Rights (CMDPDH), in the context of their conflict with the company, in 2016, local residents initiated a lawsuit in the Zacatecas Agrarian Tribunal to demand recognition as legitimate owners of the land [4].

Over the years, the families have denounced being bullied and threatened by company directors [7], and of workers being selectively dismissed [6]. In 2015, local residents recall being called to a meeting with the state government during which they were pressured and harassed to sign a document in favour of the company. At this time, they also recall that the then state administration of Governor Miguel Alonso Reyes declined to take any responsibility for their security, stating that “they had been warned.” [5] They add that days following this meeting, they received notification from the company that they had seven days to abandon their lands and move to a housing complex.

In this context, in January 2017, 46 families or around 230 people were forcibly displaced  [4]by armed private security guards that the company contracted for the operation. They were moved out of their homes into housing that the company had built, while their prior homes were partially or fully destroyed. This same year, residents state that workers at the mine who were from La Colorada were dismissed and compensated [5]. CMDPDH reports that two family members of Felicitas Guerrero Pasillas died as a result of being displaced [4].

The group of 46 families born in the community continue to stay on their land and resist their displacement with the aim of struggling to recover their lands. Toward this end, in May 2016, they formed the “Committee of the Population of La Colorada”.

The so-called “Living Unit of the La Colorada Mine” to which they were displaced is made up of 96 modular homes with metal roofs and zinc cladding that Pan American Silver provided under commodatum to mine workers [7], including those from the community and from away. The residential complex is less than 200 meters from the mine, divided by a metal fence that surrounds the whole community, as if it were a ghetto. The complex has five levels of homes, a preschool, primary school and a church [5]. Before their displacement, La Colorada also had a clinic, a community centre, a police station and an office for their municipal representative [5]. In addition, they used to have a soccer field and a baseball diamond [6]. Each family also had their living space and did not only rely on mining for their livelihood, with some land to grow crops and freedom to pasture their animals [3] y [7]. Since the mine expanded, in the last few years, this came to an end. They were dispossessed of their land, expelled from their community, their community destroyed and the mine expanded in its place.

As of 2018, the families of workers coming from away and who lived in the housing complex are rumoured to have received money from the company to leave the area, with which around 14 families left [9]. As a result, there have been two displacements that the community has faced: the first in 2016 when the population was expelled by force to move to the company's houses, and the second in 2018, when  families originally from other places left. The majority of those displaced have moved to nearby towns of Chalchihuites, Jiménez de Teul and Sombrerete [5].

The current living conditions in which the families from La Colorada are now living and struggling are suffocating. Residents believe that the company keeps them in desperate circumstances so as to tire them out so that they will not defend their rights that have been violated and will just leave the area. The noise from the machinery and from the mine´s ventilation, which is less than 150 metres from their homes, as well as the 24-hour lighting around the perimeter of the mine is torturous, putting people´s health at risk given that the body never fully rests [5]. As well, given the proximity of the population to the gases coming from the mine´s ventilation, there is  concern in the community about possible impacts on their health, given that some people have had skin problems and cancer [14], including a recently detected case in a four-year old girl [5].

The housing complex only has one access, which was guarded for a lengthy period of time by private security 24-hours a day, during which time people who did not live in the complex faced great difficulty to visit, including friends and family [5]. Also, on repeat occasions, the water supply was cut off, seemingly as part of making life hard for the community. In one incident in 2017, people from Chalchihuites wanted to send a tank of water to the community after they had been without for an entire month. The private security denied them access, denying the community access to water, putting at risk the wellbeing of men, women and children of all ages [5], in violation at minimum of their right to water.

In addition, the rules for using the church [10], as well as the rules for living in the community [11] are written by the company. According to a copy of the community rules, if residents of the complex have a party, they cannot go outside their home and cannot make noise after 22h59 at night, in stark contrast to the continuous noise generated by the mine operation. Neither can they have pets, except for small dogs, cats or fish [11]. In addition, not only are their houses property of the company, but what is inside as well: chairs, table, stove, beds and living room furniture. Residents may be charged 300 pesos (about US$16) for each scratch on the furniture [5]. 

Among the more serious situations arising is that animals for consumption are not permitted in the housing complex, which leaves families without an important source of nutrition. Previously, all of the families had animals such as sheep, chickens, pigs and cows with which to help sustain themselves [14]. But when they were displaced, they had to sell their animals, free them or leave them for others to raise. This is a violation of their right to nutrition, dignified housing and work, among others related to the company´s way of operating. Furthermore, given these suffocating conditions, the families have had to split up to make a living [5]. Men, young and old, have had to go out in search of work elsewhere, returning to La Colorada every month or more to be with their mothers, fathers, spouses and children, who miss them very much [5].

Faced with this situation, the population resisted their displacement with the cry, “We were born here and we will die here,” [7] struggling daily in degrading and highly asymmetrical conditions. For its part, the company considers such conditions to be “development” for the community. In the words of Ross J. Beaty, Chair of Pan American Silver´s Board of Directors, during the inauguration ceremony for the mine expansion in January 2017: “Together, authorities and company, we are contributing to the development of the communities where mines operate, because for us the communities and workers are our partners and we grow together.” [12] In the context that people are living, this statement is a cruel joke given the community´s tremendous pain.

Currently, the Committee of the Population of La Colorada continues to struggle using legal action to seek restitution of their lands that the company took, as well as having filed several complaints with the National Human Rights Commission. The case of La Colorada is also being reviewed by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in Mexico, which has sent its representatives to the site several times to document the case [13].

La Colorada es una mina de plata polimetálica subterranean ubicada en la cordillera de la Sierra Madre en Zacatecas, México, adquirida por Pan American en 1998 [1]. Consiste en 56 concesiones mineras (7 sin título hasta 2013) que abarcan un área de 8,395 ha [14]. Anteriormente, desde 1949 a 1994, fue propiedad de la Compañía Minas Victoria Eugenia S.A. de C.V.

Del año 2013 al 2017, Pan American realizó un proyecto para expandir la capacidad de procesamiento de la mina con lo cual la capacidad de procesamiento total de las plantas de La Colorada se aumentó progresivamente de 1,250 toneladas por día a 1,800 toneladas por día a mediados de 2017 [15]. La expansión de la mina incluyó la construcción de nueva infraestructura de extracción, el desarrollo de nuevas zonas de minado para alcanzar mineralización más profunda, la expansión de la planta de procesamiento de mineral de sulfuros y la instalación de una nueva línea de transmission eléctrica de poder conectada a la Comisión Eléctrica Federal. [14]

Desde el 2017, la empresa ha aumentado paulatinamente su ritmo de procesamiento, anticipando superarlas 2,000 toneladas por día a finales de 2019 [15]. Además, la empresa sigue explorando en la zona y ha identificado nuevas reservas de plata, lo cual podría significar que va a seguir aumentando el ritmo de procesamiento y prolongando las operaciones de la mina más allá del 2027.

En febrero de 2019, la empresa report haber encontrado otros 11.1 millones de onzas de plata y anunció que va a seguir invirtiendo en la exploración de la zona durante 2019. [16]