El puerto de las Américas, propiedad de un poderoso grupo económico colombiano, busca construir infraestructura portuaria para el cargue y descargue de graneles líquidos (aceite de palma, hidrocarburos, petroleo y sus derivados) en la bahía de Taganga, específicamente en el punto conocido como punta voladero. Este proyecto que estima una inversión de 12 millones de dólares persigue la expansión de la industria del aceite de palma en el departamento del Magdalena- uno de los mas pobres de Colombia- e impone una visión de desarrollo aún a costa de visiones ancestrales del buen vivir y de prácticas colectivas de gestión del territorio. En el año 2007 a través de la resolución 028 de Enero de 2007 la autoridad ambiental local de Santa Marta otorga licencia ambiental a la empresa -TERLICA- para la construcción y operación de un atracadero para insumos líquidos en punta voladero; esta licencia inicial otorgada por un periodo de 5 años incluía como condición un plan de conservación de las especies vegetales y animales identificadas en el lugar de ubicación del proyecto. En el año 2008, tan solo un año después de otorgada esta licencia ambiental, la empresa TERLICA fue responsable del derrame de 89 toneladas de aceite vegetal que tuvo un efecto devastador en el ecosistema marino y en las comunidades de pescadores. El daño fue catalogado por el Instituto de Investigaciones Marinas -INVEMAR- como grave, e implicó la muerte de colonias enteras de coral, cambios en la estructura y composición biológica de comunidades algales y afectaciones  sobre el ecosistema del litoral rocoso de la bahía de Taganga reflejado en la muerte de especies animales que habitan este ecosistema. Por este delito la empresa fue sancionada, sin embargo de acuerdo al auto 1240 de 213 de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, la empresa no ha cumplido con las sanciones impuestas. Aún en este panorama de crímenes ambientales que rodea a la empresa, en el año 2011 la autoridad ambiental local expide una nueva resolución en la que CEDE de manera plena la licencia ambiental de TERLICA a la sociedad portuaria de las AMÉRICAS para la construcción (ya no de un atracadero) sino de un puerto multipropósito para el cargue de graneles líquidos e hidrocarburos y el periodo de la licencia se amplía a 20 años. Finalmente en el 2015 se suscribe un contrato de concesión portuaria entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la empresa Sociedad portuaria las Américas, filial de TERLICA, y pertenecientes ambas a la familia Dávila Abondano. En todo el proceso la voz de la comunidad ha sido silenciada a través de tácticas de deslegitimación y estigmatización, el pueblo de Taganga ha sido descrito como "ignorante" "enemigo del progreso" "indios atrasados" y este imaginario ha sido reproducido por los medios de comunicación. Actualmente el problema ha escalado a protestas sociales organizadas y a la constitución de veedurías ciudadanas que han iniciado acciones en el terreno de lo jurídico, lo mediático y lo social. 

El proyecto portuario vulnera el derecho al trabajo, al mínimo vital y a la vida digna porque afectaría las fuentes de empleo de 4.000 familias que genera la pesca y el ecoturismo.

El puerto movilizará un volumen aproximado de 250.000 toneladas anuales de graneles líquidos tales como aceites vegetales, bases lubricantes, hidrocarburos y derivados del petróleo, biocombustibles, químicos líquidos.