La represa Salvajina fue construida en 1985 por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca- CVC, dentro de sus políticas de generación de energía eléctrica de la época y teniendo como propósito alterno el control de las inundaciones en el Valle del Cauca. La represa aprovechó la riqueza del territorio en fuentes hídricas utilizando los ríos Cauca, Ovejas, Inguitó, Asnazú y Marilópez, Damián, Marilopito, y las Quebradas de El Chupadero, La Chorrera, Los Pasos, Los Morados, La Laja, El Danubio y San Miguel. La construcción generó desplazamiento de la población, perdida de biodiversidad, y de medios de subsistencia. En su mayoría la población asentada en la zona era afrodescendiente. Además del desplazamiento, se ocasionó ruptura entre las etnias que habitan el territorio, según un líder de la comunidad 'a margen derecho está la etnia indígena y a margen izquierdo estamos los afro descendientes'. Recuerda también que la represa dividió familias, dejándolas incomunicadas e impidiendo a generaciones enteras conocerse, pues en territorio indígena quedaron familias afro, concretamente los corregimientos de Mindalá y Pureto, que antes solían atravesar el río, que se pasaba muy fácil en canoa. Esto produjo un corte en la identidad cultural (Colectivo Punto de Fuga, 2012). Según lo manifestado por la comunidad, los problemas no acabaron con la construcción de la represa. En el artículo de Ortega, Soler y Cañegas (2006), se mencionan los siguientes impactos: Sociales y económicos: La pérdida de las fuentes de trabajo que garantizaban la sostenibilidad de las comunidades negras e indígenas en los territorios inundados. Resultaron afectadas la minería (oro), pesca, extracción artesanal de materiales de construcción para sus viviendas y agricultura. Esto implicó un descenso del ingreso económico familiar significativo. Culturales: El desmembramiento familiar debido a las condiciones de miseria, obligaron al desplazamiento intrafamiliar y al desplazamiento de población entre diferentes veredas. Ambientales: La variación de la temperatura promedio en la zona del embalse y la erosión de las riveras de la represa por la alta concentración de agua, implicó la pérdida de especies propias del ecosistema natural del río y de su rivera, además de producir cambios significativos en las tipologías agrícolas. En Colectivo Punto de Fuga (2012) se reseña lo siguiente: 'Toda la madera que había en la zona no fue removida, no la sacaron. Cuando hacen las descargas de la represa aguas abajo, la contaminación cae. Pero de ninguna manera se ha querido abordar eso. Además, decían que el objetivo de la represa era impedir las inundaciones y por eso querían desviar el río Ovejas hacia el Cauca, aumentando el caudal de este para controlarlo, pero lo que realmente quieren es que la producción de energía sea mayor. Cada vez que hay creciente nos damos cuenta que aquel argumento era una mentira porque nuestros hermanos que viven más debajo de la represa siguen estando inundados. La verdad, todo eso se hizo con un fin de producción y no de controlar.' En Gonzáles (2008), se señala que también ha crecido el número de denuncias por la violación a los derechos humanos de la población, las comunidades locales afirman que, desde el comienzo del funcionamiento del embalse han recibido multitud de amenazas y los líderes comunitarios han sido criminalizados.

El proyecto ha pasado por varios propietarios. En 1995 pasó de la CVC a EPSA, entidad creada para dar cumplimiento a Ley 99 de 1993, según la cual se debía independizar la gestión ambiental del negocio eléctrico. En 1997 el gobierno nacional vendió en subasta pública el 56,7% de las acciones de EPSA a un consorcio formado por Houston Industries y Electricidad de Caracas. En el año 2000, este consorcio cedió su participación accionaría a Unión Fenosa de España. En marzo de 2009, Gas Natural SDG S.A., adquirió el 100% de las acciones de Unión Fenosa S.A., convirtiéndose a su vez en el beneficiario real del 63,82% de las acciones de EPSA. Finalmente, en diciembre de 2009 pasó a ser propiedad de Colener S.A.S., sociedad que pertenece en un 100% a Colinversiones S.A (Colectivo Punto de Fuga, 2012). Las comunidades de la zona se manifestaron desde la construcción del embalse, hubo movilización social. De acuerdo a Ortega, Soler y Cañegas (2006), los impactos producidos por la represa afectaron, y afectan todavía, territorio de comunidades afrodescendientes e indígenas, principalmente en los municipios de Suárez, Buenos Aires y Morales. En el año 1986 los afectados realizaron una serie de protestas para reclamar por los impactos generados por la represa, entre los que se destaca una marcha en la que participaron más de 15.000 personas. Como consecuencia de la presión ejercida se negoció un acuerdo para tratar de resarcir, al menos parcialmente, a las poblaciones afectadas- conocida como Acta 86-. Dicho acuerdo incluía una serie de compromisos con la población local referentes a: vías de comunicación y transporte, educación, salud, servicios públicos, producción y empleo, minería, pesca y recreación, obras públicas en Suárez y asuntos indígenas. Estos compromisos fueron ignorados en gran medida por el estado y por la CVC. Veinte años después del total de los compromisos adquiridos se calcula que se han cubierto únicamente un 20% de los mismos (Ortega, Soler y Cañegas, 2006). Adicionalmente, siempre ha existido una preocupación por el proyecto complementario al embalse que contempla la Desviación del Río Ovejas, el cual se encuentra en el Plan de Expansión del Sistema Eléctrico para el Valle del Cauca preparado por EPSA E.S.P. para el periodo comprendido entre 1996 a 2010. El año 1996 EPSA encargó a la firma INGESAM la elaboración de una Evaluación de Impacto Ambiental. Según este estudio el proyecto suponía la desviación del 90% - 22,94 m³ de un total de 25.44 m³ - del caudal promedio del río Ovejas. Este proyecto requería la construcción de una presa derivadora, un túnel de desvío para la construcción, un túnel de conducción, ataguías, vías de acceso, zonas de préstamo y botaderos; además de obras de infraestructura como el campamento. Las comunidades de Yolombó, Gélima, Dos Aguas y Suárez mostraron el desacuerdo con la Evaluación de Impacto Ambiental y decidieron apelar al artículo 44 de la Ley 70 de 1993, por medio del cual las comunidades negras tienen la potestad de apelar a la protección de sus derechos a la identidad cultural, participación y defensa del territorio y los recursos naturales a través de la realización de una consulta previa que permitiera evaluar el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Desvío del Río Ovejas al Embalse de Salvajina – DROES (Ortega, Soler y Cañegas, 2006). En el año 2004, Unión FENOSA conseguió que el Ministerio del Medio Ambiente, autorizara actualizar la Evaluación de Impacto Ambiental y posteriormente protocolarizar la consulta a las comunidades involucradas en el proyecto. Ante la obligatoriedad de hacer consulta a las comunidades afrodescendientes presentes en el territorio, y la oposición de las organizaciones y comunidad al proyecto, se ha dilatado su desarrollo.

Key Words: Afrocolombian communities, displacement, human rights abuses, public consultation

Embalse Salvajina: Area de captación: 3960 kilómetros cuadrados.

Longitud total: 32 kilometros.

Area total: 2124 hectáreas.

Profundidad máxima: 140 metros.

Capacidad instalada: 93 millones de metros cúbicos.

Potencial de generación eléctrica: 270 MW.