La Reserva Forestal Imataca (RFI) creada bajo resolución del Ministerio de los Recursos Naturales Renovables en 1963 (Gaceta Oficial N° 27.044), con más de 3,5 millones de hectáreas de bosques al sur del Delta del Orinoco, que concentra una de las biodiversidades más rica y variada de Latinoamérica, con importantes reservas de recursos minerales, específicamente oro y diamantes, y un tesoro etnocultural de más de 29 mil habitantes entre diversas comunidades indígenas (Pemón, Kariña, Warao, Arawak, Akawaio) ha sido el epicentro de una pronunciada conflictividad socioambiental. Situación controvertible, considerada de interés público por su estrecha relación con el desarrollo económico y sociocultural a escala local y nacional. La conflictividad se centra en un proceso de planificación y ordenamiento territorial (OT) que convirtió a la Sierra de Imataca en reserva forestal, cuya administración se gestiona como Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) con el propósito -en su génesis- de desarrollar el proyecto de producción forestal sostenible. Cobra relevancia, por el cambio de uso mediante el decreto N° 1850 del año 1997 (Gaceta Oficial N° 36.215) contentivo del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la RFI, donde se estableció un mecanismo con la finalidad de legalizar y promover el crecimiento de concesiones mineras adjudicadas de manera no cónsonas con la ABRAE señalada, permitiendo la extracción de oro y diamantes en aproximadamente el 40% de la RFI. Esta reglamentación fue promulgada violando los acuerdos internacionales firmados por la nación, tales como el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención de Washington para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los Países de Américas, sin realizar una adecuada consulta pública como establece la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Estos fueron unos de los principales argumentos de las redes de movimientos demandantes del Decreto, que, con manifestaciones sociales y protestas generalizadas, dio basamento a la entonces Corte Suprema de Justicia para declarar con lugar la solicitud de adopción de medidas cautelares pretendidas por un grupo de ciudadanos que interpusieron una acción popular de inconstitucionalidad, demandando la nulidad por vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad del mencionado Decreto. Sin embargo, al no haber una sentencia firme al respecto y por los intereses de algunos sectores políticos, lo alcanzado en justicia ambiental hasta ese momento fue infructuoso. Ya que, para ese tiempo estábamos en presencia de otro proceso sociopolítico que llevó al poder a Hugo Chávez con una alta popularidad que permitió la aprobación vía referéndum, de la constitución de 1999, y más adelante un conjunto de leyes entre las que se encuentra: la de Minas, Diversidad Biológica y de Tierras y Desarrollo Agrario, como soporte para el ejercicio pleno del poder político en los asuntos ambientales. En este contexto el ejecutivo nacional con el uso de un doble discurso y mediante una especie de consulta popular manipulada firma el Decreto 3.110 del año 2004, ratificando de esta forma la decisión tomada por el anterior gobierno de Rafael Caldera, legalizando las actividades mineras que de alguna forma se venían realizando y echando por tierra los avances de los movimientos sociales que pugnaban por la justicia ambiental. La conflictividad minera en la RFI ha traído como consecuencia: altos índices de deforestación, desertificación, contaminación y sedimentación de los cuerpos de agua, pérdida de especies de animales por caza furtiva y con fines comerciales, aumento de enfermedades como la malaria, el alcoholismo, y la trata de mujeres en las comunidades aledañas. Por otro lado, la actividad forestal como principal actividad reglamentada de la sierra causa conflictividad socioambiental, ya que al desarrollarse conjuntamente con la minería y la pequeña y mediana agricultura, produce un choque de intereses por el uso del suelo, y donde la institucionalidad ambiental, minera y agrícola como rectora de las políticas públicas se invisibiliza quedando al margen del conflicto. Ante este contexto que ha escalado su eco desde lo local hasta hacerse sentir a nivel nacional y regional, se han hecho sentir la más variadas vocerías: académica, ONGs, grupos ambientalistas, ecologistas y movimientos indígenas, sin embargo, siguen prevaleciendo los intereses del poder económico y político por encima de los propios modos de vida y desarrollo de quienes han habitado estos territorios y por encima de quienes luchan como aliados de las comunidades por una mejor calidad de vida para todos. En tiempos actuales se cierne la incertidumbre por las actividades de exploración y explotación legalizadas con el decreto de desarrollo del Arco Minero del Orinoco (AMO) cuyo fundamento es el interés público nacional y que convierten a la RFI en un vértice de una conflictividad mucho más extensa territorialmente y más compleja. |
Name of conflict: | Reserva Forestal Imataca, Región Guayana de Venezuela |
Country: | Venezuela |
State or province: | Delta Amacuro y Bolívar |
Location of conflict: | Casacoima, Antonio Díaz (Delta Amacuro); Sifontes,Padre Pedro Chien, Roscio y Pilar (Bolívar) |
Accuracy of location | MEDIUM (Regional level) |
Type of conflict. 1st level: | Biomass and Land Conflicts (Forests, Agriculture, Fisheries and Livestock Management) |
Type of conflict. 2nd level: | Deforestation Mining exploration and/or ore extraction Establishment of reserves/national parks Land acquisition conflicts |
Specific commodities: | Ecosystem Services Gold Land Diamonds Timber |
Project details | La Reserva Forestal Imataca es un territorio boscoso, de carácter público, delimitado para la explotación sostenible y permanente de madera con fines industriales considerado como Área bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) donde se incluyen los parques nacionales, los monumentos naturales, las zonas protectoras y otras 7 figuras jurídicas adicionales, dependiendo de sus funciones protectoras, productoras y recreativas . La explotación se realiza a través de concesiones forestales otorgadas por el estado, con rotaciones de 40 años, y de acuerdo con principios y criterios de manejo forestal cuya intención es garantizar la sostenibilidad de la actividad industrial y la conservación del recurso explotado. Sin embargo, por ser un territorio rico además en oro, diamantes, hierro, bauxita, manganeso, cobre, agua y energía, la RFI tiene ese otro propósito de explotación de minerales preciosos como el oro y diamante, igualmente mediante concesiones que otorga el estado venezolano. Las concesiones mineras se otorgan para el método de minería a cielo abierto, utilizando un circuito de procesamiento convencional de concentración gravitacional y de lixiviación en carbón: el cual implica remover la cubierta vegetal y la contaminación de las fuentes de agua. Se calcula que la extracción de madera se aproxima a 8.000 m³/año y en relación a la producción de oro esta ronda los 12,4 Toneladas/año. |
Project area: | 3,750,000 |
Type of population | Rural |
Affected Population: | 100,000 |
Start of the conflict: | 08/01/1963 |
Company names or state enterprises: | Empresa Nacional Forestal S.A (ENAFOR) - Partcipación directa debido a su responsabilidad en la gestión de la Reserva Forestal Corporacion Venezolana de Guayana (CVG) - Los territorios de la Reserva Forestal están bajo la jurisdicción de esta Corporación, por lo que es una institución con alto grado de responsabilidad en la conflictividad. Gold Reserve Inc. (GR.Inc) from Canada |
Relevant government actors: | Corporación Venezolana de Guayana (CVG) Ministero del Poder Popular para el Ecosocialismo y Aguas Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecologico Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas |
Environmental justice organizations (and other supporters) and their websites, if available: | Sociedad de amigos en defensa de la Gran Sabana (AMIGRAMSA) http://amigransa.blogia.com/ PROVEA https://www.derechos.org.ve/comunicados |
Intensity | MEDIUM (street protests, visible mobilization) |
Reaction stage | In REACTION to the implementation (during construction or operation) |
Groups mobilizing: | Artisanal miners Farmers Indigenous groups or traditional communities Industrial workers Neighbours/citizens/communities Social movements Trade unions Ethnically/racially discriminated groups Local scientists/professionals |
Forms of mobilization: | Involvement of national and international NGOs Land occupation Lawsuits, court cases, judicial activism Objections to the EIA Street protest/marches Occupation of buildings/public spaces Arguments for the rights of mother nature |
Environmental Impacts | Visible: Floods (river, coastal, mudflow), Soil contamination, Soil erosion, Deforestation and loss of vegetation cover, Surface water pollution / Decreasing water (physico-chemical, biological) quality, Reduced ecological / hydrological connectivity, Large-scale disturbance of hydro and geological systems, Desertification/Drought, Loss of landscape/aesthetic degradation Potential: Global warming, Groundwater pollution or depletion, Mine tailing spills |
Health Impacts | Visible: Infectious diseases, Accidents, Health problems related to alcoholism, prostitution, Occupational disease and accidents, Deaths Potential: Violence related health impacts (homicides, rape, etc..) |
Other Health impacts | Rebrotes de enfermedades como la Malaria |
Socio-economical Impacts | Visible: Increase in Corruption/Co-optation of different actors, Displacement, Increase in violence and crime, Social problems (alcoholism, prostitution, etc..), Specific impacts on women, Violations of human rights Potential: Loss of livelihood |
Project Status | In operation |
Conflict outcome / response: | Corruption Court decision (undecided) Repression Strengthening of participation Moratoria |
Proposal and development of alternatives: | Cuando el conflicto se hizo visible debido al decreto 1850 de 1997 las propuestas giraban en torno a: Anulación del decreto, mantener areas de bosques con fines conservacionistas y de protección de cuencas; un mejor manejo del bosque de acuerdo a sus carcateristicas de fragilidad intrinsicas que posee; consulta publica a los pueblos indígenas al desarrollo de proyectos nacionales. Hoy en día las alternativas siguen siendo las mismas, solo que como el decreto 3.110 está vigente aumentan los reclamos por mayor justicia ambiental ya que la zona forma parte del Plan de Desarrollo del Arco Minero del Orinoco. |
Do you consider this an environmental justice success? Was environmental justice served?: | No |
Briefly explain: | Desde el mismo momento que estos territorios fueron decretados como areas Reserva Forestal dada sus caracteristicas naturales, comenzó un proceso de vulneración de derechos, tanto para los pueblos asentados en estos territorios, como para la naturaleza propiamente dicha. El poder gubernamental esgrimiendo la legalidad para sus acciones y sin tomar en cuenta las advertencias de expertos y de los activistas profundizaron sus acciones y reglamentaron el uso de la Reserva. Con ello lo que hicieron fue facilitar el aumento de un proceso de degradación ambiental que trajo como consecuencia un estado de inoperancia y de corrupción que cada día se complejiza a la hora de tomar decisiones que tiendan a poner orden en el caso. De manera que la injusticia ambiental vista como la máxima expresión de vulneracion de los derechos del ser, es lo que caracteriza a la RFI. Pueblos empobrecidos y sin un futuro deseado, con territorios con un alto grado de contaminación que no le permten darse el mejor desarrollo posible.El poder político y económico continua estando por encima de los intereses de las comunidades que mantienen su relación tradicional con estos territorios. Así, la falta de reconocimiento a estos, es un indicador de que lo que prevalece es la injusticia ambiental. Por otro lado, los casos flagrantes de violencia estructural y cultural por parte de los gobiernos que han transitado la conflictividad desde 1963 en contra de los movimientos indígenas, es otro aspecto visible que nos da argumentos para decir que la justicia ambiental está lejos en la RFI. De manera que la justicia ambiental no ha tenido éxito. |
Juridical relevant texts related to the conflict (laws, legislations, EIAs, etc) |
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References to published books, academic articles, movies or published documentaries |
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Related media links to videos, campaigns, social network |
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Last update | 18/08/2019 |
Conflict ID: | 2460 |
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