El 15 de diciembre de 2013 se realizó en el municipio de Tauramena, Casanare al oriente de Colombia, una consulta popular que tuvo como propósito negar el avance del desarrollo petrolero en la parte alta del municipio. El resultado fue contundente, el 96% de los 4610 votantes dijo NO a la pregunta “Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, en las veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate La Vega, Guafal del Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena?”

El resultado de la consulta pone en entredicho el proyecto de exploración sísmica Odisea 3D, que adelantaría Ecopetrol en los municipios de Tauramena, Aguazul, Recetor, Chámeza, Monterrey (Casanare) y un sector de Páez (Boyacá).

Este proyecto se desarrollaría en el 49% de su territorio y ampliaría la frontera petrolera hacia la zona alta del municipio y afectaría 798 manantiales. La Ley 99 de 1993 se orienta a los municipios a proteger dichas zonas, para lo cual el municipio ha invertido más de 11 mil millones de pesos (5 millones USD) en la compra de 110 predios para la protección de la zona de recarga hídrica.

La consulta ha provocado un intenso debate, luego de que el gobierno nacional desconociera la legitimidad de este mecanismo de participación ciudadana, reconocido en la Constitución Nacional. Y además, porque en Tauramena el 11 de diciembre, días antes de que se realizara la Consulta Popular la Ministra de Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento y el Ministro de Minas y Energía, Amilkar Acosta, se comprometieron a adelantar estudios de vulnerabilidad (y así, evitar la consulta). Luego del resultado contrario a las actividades petroleras este mismo funcionario argumenta que la Constitución de 1991 define que el subsuelo es propiedad del Estado.

El presidente de Ecopetrol, Javier Genaro Gutiérrez, ha insistido en que a pesar de que este proyecto “es estratégico para las metas de producción petrolera del país", la empresa no va a entrar en conflicto con la comunidad ni a pasar “sobre la voluntad de la gente". Incluso ha sostenido que desistirían de sus pretensiones.

La ONG ambientalista CENSAT Agua Viva -Amigos de la Tierra Colombia- exige vehementemente a las autoridades nacionales y al gobierno que respeten la decisión autónoma de los habitantes del municipio de Tauramena en la Consulta Popular, pues además de la legitimidad que tienen los ejercicios de soberanía popular, también la legislación nacional indica que “la decisión tomada por el pueblo en consulta popular, será obligatoria" (artículo 55 de la Ley 134 de 1994). Dicha consulta en donde votaron más personas que en las mismas elecciones a la alcaldía, no expresa una exigencia a las empresas para generar una supuesta “inversión social", sino que exige el respeto por la soberanía de los pueblos de determinar y ordenar autónomamente sus territorios.

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El proyecto de exploración sísmica contempla un área de cerca de 258 km2. Ecopetrol contrató con la Unión temporal Odisea 3D la socialización con las comunidades y los estudios sísmicos. En Tauramena, el bloque Odisea 3D se desarrolla en el 49% de su territorio y afecta a once veredas, en las que se encuentran 798 manantiales.